Definiendo corrupción: el marco legal, el interés general y la opinión pública

Para James C. Scott, científico político de la Universidad de Yale, corrupción, implica una desviación de unos estándares de comportamiento. Pero ¿cuáles son criterios que se deben establecer esos estándares? (Scott, 1972: 3)

En primer lugar, basándonos en el marco legal de un país y en lo que es legal y no, podemos simplemente decir que todo aquella actividad de un funcionario que no se ajuste a la normativa vigente será corrupción. Y, a pesar de que se diera el caso donde un acto sea considerado mayoritariamente como abusivo pero esté permitido o es legal, no es corrupto. Por lo que obtenemos que auque un acto no sea legalmente considerado corrupto puede ser no ético o inmoral. No obstante, la ley proporciona un texto firme en el que ciudadanos y especialmente abogados pueden sujetarse y da un margen para que la legislación pueda enmendar las leyes y así lidiar con estos nuevos asuntos.

Para entender un poco más las contradicciones que desprende esta definición, Scott utiliza un ejemplo de corrupción parafraseando a Aristóteles: “nuestra concepción de corrupción no cubre esos sistemas políticos que son, en términos artistotélicos, corruptos y que sistemáticamente sirven los intereses de determinados grupos o castas. Es por esto que cierto régimen puede estar sesgado o puede ser especialmente represivo con ciertas demandas mientras que tiende a favorecer los intereses de grandes empresas, una determinada etnia o región de forma evidente y constante y aún así, si no incumple las normas formales, no puede ser denunciado como corrupción”

En Estados Unidos, que el presidente George Bush, su vicepresidente y su secretario de defensa se enriquecieran en Iraq con una guerra que ellos mismos habían promovido, no supuso ningún conflicto de intereses para la Justicia Norteamericana.

El profesor Scott, reconoce por ende tres problemas con una definición exclusivamente basada en la normativa legal; el primero es el peligro de asumir que todo lo legal es éticamente correcto; el segundo, que una acción idéntica en dos naciones puede tener repercusiones totalmente diferentes debido a sus distintas leyes; y tercero, que existiría una distorsión evidente a la hora de catalogar una acción como corrupta o ilegal en países donde el sector público abarque una gran parte de mercado, es decir, un Estado donde casi todo el mundo dependa de la administración no es comparable en términos legales a uno donde sea el sector privado que abarque a la mayoría de empleados.

A priori, la mayoría de autores aquí referenciados estarían de acuerdo con que en última instancia debe ser fundamentalmente la legalidad lo que determine una actividad corrupta de otra que no lo es, sin embargo existen a otros niveles tal vez más abstractos y en clara búsqueda del deber ser nos encontramos con definiciones cuya base claramente es el “Interés General” y la “Opinión Pública”.

Ligándolo con la definición anterior, hay que tener en cuenta que bajo ciertas circunstancias hacer algo ilegal va más en consonancia con la ética, mientras que a veces lo legal no. Para ilustrarlo vamos a utilizar dos ejemplos que John Gardiner utiliza en “Defining Corruption”1:

Ejemplo nº1: durante el régimen Nazi, a los judíos se les fue prohibido emigrar pero en algunos funcionarios públicos alemanes cobraron miles de marcos para aprobar su huida.

En la Alemania nazi, se exterminaba a una parte de la ciudadanía en aras del "interés general".

Ejemplo nº2: A lo largo de los cincuenta y sesenta, en los Estados Unidos se llevaron a cabo políticas de renovación de barriadas o suburbios con el objetivo de renovar la zona construyendo gran cantidad de edificios. Sin embargo durante el proceso, miles de personas (sobre todo gente negros y pobres) fueron desalojadas de esas sus casas las cuales fueron demolidas, sin poseer ningún derecho sobre las nuevas construcciones (muchas de lujo) que además se revalorizaron rápidamente. Todo el proceso fue llevado a cabo dentro de la legalidad y cada funcionario cumplió con su función y rol en él.

Así, para el primer caso la mayoría de la gente afirmaría probablemente que el acto legal era “cruel” y que evadir la ley (tanto cobrando una "coima" como no) sería una acción más ética. Entonces, mientras que en primer caso lo ilegal (y corrupta) era más ético, en el segundo caso la acción legal (y según la ley no corrupta) parece resultar inmoral es decir, dejando de lado si aquella forma renovación urbano era la más apropiada para acabar con los problemas económicos de las ciudades, el hecho es que el proceso en sí y tras él, muchas personas con pocos recursos se vieron perjudicadas mientras que los ricos se vieron aún más enriquecidas por lo que se puede considerar a esta política corrupta (en el sentido moral, y aún así muchos no la catalogarían como tal) en la medida que no beneficiaba a todos por igual. Se podría decir que esta política buscaba perniciosamente enriquecer a los ricos (entre ellos, empresas afines al gobierno por ejemplo) a costa de los pobres sin embargo, si no existe una clara evidencia esto puede resultar simplemente un problema de ineficiencia y de sesgo. Por lo que algunos autores como Nye defienden que cualquier acto, aunque legal, que sea pernicioso para el interés público es corrupto. Y si por el contrario, beneficia a “la mayoría” no es corrupto incluso si es ilegal.

El desmantelamiento de las industrias en las grandes urbes con población afroamericana dió paso a su empobrecimiento y posterior desalojo del área urbana. Los fondos especulativos se hicieron con los inmuebles revendiéndolos a clases acomodadas, provocando una inhumana transferencia de riqueza, absolutamente legal.

Sin embargo, siempre existirían diferencias de opinión, aquellos que apoyaron el régimen Nazi alegarían que el funcionario que no cumpliese la ley estaría yendo en contra del interés popular alemán sobre la purificación de la raza aria, por el otro lado, los defensores del proceso de renovación urbano dirían que la nueva imagen y el impulso económico justifican el daño a aquellas personas desalojadas. En resumen, los efectos de la corrupción en el interés público no puede ser analizado sin considerar las variadas opiniones que pueden existir acerca del rumbo que debe emprender la sociedad.

Por lo que, la aceptación generalizada de que la legislación puede crear políticas injustas, especialmente en naciones con extrema pobreza, acceso discriminatorio al sistema, o leyes represivas, hace que muchas personas observen que bajo esas circunstancias acciones catalogadas como “corruptas” sean necesarias o incluso, más justas.

Otra importante referencia para saber qué puede ser considerado corrupción es la opinión pública o la cultura popular que demandará una ley al igual que representantes y funcionarios más honestos si es una sociedad que denuncia. En este sentido, una ciudadanía sensible con este tema puede demandar un determinado comportamiento y es que los valores relacionados con la corrupción probablemente afectará a su manera de comportarse y en la posibilidad de sobornar o no a un funcionario público. Es por todo esto que entendiendo la opinión pública dará una base sólida para conocer y analizar la aplicabilidad de las leyes. En este sentido, el científico social estadounidense Arnold Heidenheimer enarbola una clasificación de actividades corruptas en “black”, “grey” y “white” según la actitud (aceptación o rechazo) que generen ellas, así, “black corruption” generaría un rechazo generalizado ya no sólo por ser ilegal o no, sino por la inmoralidad de la acción, “grey corruption” indicaría que algunos elementos, normalmente élites, consideran que la acción debe ser ilegal por lo tanto castigada, otros (la mayoría) tenderían a mantener una posición más ambivalente. Por último “white corruption” haría referencia en palabras de Heidenheimer a un tipo de actividad que para la mayor parte de las élites y masa social sería tolerable y no requeriría ningún tipo de castigo por realizarla.

No obstante, y al igual que muchos autores se preguntan, ¿quiénes son la opinión pública? ¿sólo los adultos hombres blancos y pudientes? ¿las personas que votan? ¿o a caso las personas que rellenan las encuestas?

Parece evidente que la opinión pública sobre un tema como corrupción será cambiante a lo largo del tiempo y estará sujeta a multitud de condicionantes y obedecerá a intereses de diferentes grupos. Por estas y otras razones Pierre Bourdieu señala que “la opinión pública sería una construcción social que en la mayoría de casos es configurada y enunciada por los medios de comunicación a partir de técnicas de encuestas pero que en pocos casos significan la opinión de la inmensa mayoría”.Y, en el caso de corrupción y tipos de, las actitudes pueden ser diversas.

"...la cantidad y nivel mediático de los escándalos sobre corrupción puede tener un gran impacto sobre la conciencia de la gente y su nivel de indignación acerca de estos asuntos (al menos a corto plazo)." En el caso de España, el sentido común puso en jaque al Orden Legal que permitía desahucios indiscriminados. Ante el espectáculo de familias en la calle mientras los bancos mantenían millones de viviendas vacías, los bomberos se negaban a actuar, y muchos agentes de la policía se daban de baja para no participar en los desalojos. El Gobierno tuvo que suavizar la Ley.

Además, como Jhonston2 profesor de ciencias políticas en la Colgate University y uno de los autores clave para entender la corrupción política y otros apuntan, la cantidad y nivel mediático de los escándalos sobre corrupción puede tener un gran impacto sobre la conciencia de la gente y su nivel de inginación acerca de estos asuntos (al menos a corto plazo).

Volviendo a John Gardiner, y su análisis de cómo podemos definir corrupción según el interés general, en su conclusión nos da otra pista sobre el problema de raíz que a su vez conecta la definición y el cómo combatirla, el nivel de intolerabilidad o rechazo que genera corrupción en un determinado contexto, la cual será más firme y unánime, basándose en dos importantes estudios llevados acabo en Estados Unidos acerca de qué hace un acción más moralmente intolerable dentro del ámbito burocrático-político, si el que lo hace es un juez o un cargo no electo, si el acto fue parte de su rol laboral más que como individuo, si las decisiones tienen relación con servicios públicos más que con intereses privados y, de las cantidades de dinero que se sustraiga o “pierda”.

Por lo que podemos concluir que las medidas que pueden llevarse a cabo podrían resultar inútiles o superficiales cuando bajo ciertas circunstancias el interés general crea que una acción ilegal pueda ser una herramienta para sobrevivir, cuando las encuestas nos dicen que los ciudadanos no están preocupados de la misma forma sobre cada una de las acciones que viola la ley, cuando el nivel de aceptación de actividades corruptas es mayoritaria (a pesar de su ilegalidad), o cuando sólo se catalogan de actividades corruptas aquellos actos que son escandolosos por sus formas o cantidades (lo que Heidenheimer calificaría como “black corruption”). Todas estas circunstancias distinguen y hacen complejo combatir la corrupción aunque será necesario tenerlas profundamente en cuenta a la hora de proponer medidas que la combatan.

Secretario de la Juventud del MAS

1) GARDINER, John “Defining Corruption” en Political Corruption: Concepts and Contexts

2) Johnston, Michael (2005); Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy. Cambridge University Press